Fiscal Möller ataca de nuevo: otro procesado por sedición

­ Nos fuimos al amague. El pasado 5 de marzo, desde este boletín dábamos cuenta del “pase a retiro” del fiscal Enrique Möller, quien había solicitado su pase en comisión al despacho del diputado del Partido Nacional Sergio Botana. Sin embargo, en el día de hoy nos enteramos de que ­lamentablemente- dicho pase en comisión todavía no se ha concretado, pues no fue otro que él quien acusó de sedicioso a la persona que presuntamente rompió a palazos la vidriera de una hamburguesería en el marco de una manifestación en protesta por la visita del presidente estadounidense George W. Bush a nuestro país.

Pero bueno, el problema es que la jueza Graciela Gatti hizo lugar al pedido del ministerio público y procesó con prisión a Fernando Masseilot por los delitos de “daño especialmente agravado” y “sedición en reiteración real”. Es la segunda vez que la Justicia utiliza la figura de “sedición” desde el fin de la Dictadura Patronal-Militar (1973-1985). En efecto, en diciembre de 2005, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini aplicó igual figura delictiva a otros manifestantes que ­casualmente- también protestaban contra el presidente estadounidense, en ocasión de su concurrencia a la cumbre de presidentes americanos en la ciudad argentina de Mar del Plata.

La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, organización convocante de la manifestación del 2005 y de esta del pasado 9 de marzo, hizo notar que la resolución judicial es "política" y "criminaliza las movilizaciones sociales". En declaraciones al diario Últimas Noticias, Leites anunció que, al igual que ocurrió en el caso anterior, las organizaciones populares convocantes de la marcha de marras (Sindicato del Taxi, Fogoneros, Plenaria, Memoria y Justicia y el Movimiento 26 de Marzo) se movilizarán hasta obtener la libertad del procesado.

La publicación explica que la prueba determinante para la decisión de la Justicia surgió del análisis "minucioso" de las grabaciones de los canales de televisión y de las fotografías proporcionadas por los medios de prensa que registraron los acontecimientos. Fue así que el fiscal Möller y la jueza Gatti identificaron "claramente" al joven como el autor de destrozos de una propiedad privada, en este caso de McDonald’s, pese a que su imagen lucía diferente al haberse cortado el pelo.

En su dictamen, la jueza Gatti dice que el indagado "cometió el delito de sedición porque ejerció con un objeto político y social actos de odio y venganza contra bienes de particulares en el marco de un alzamiento público y tumultuoso realizado el día 9 de marzo. Conducta que concurre a su vez, con un delito de daño en virtud de la rotura del vidrio producida".

El fiscal Möller (el mismo que archivó la causa de María Claudia García de Gelman, entre otras), afirmó que el indagado "Se adhirió a otros en el ejercicio de actos de odio y violencia, con un fin social y/o político, tomando un palo y golpeando" contra un local de McDonald’s, que a su juicio presentaba ‘parte de la estrategia del Imperio’, para seguir luego en la manifestación”.

El diario El País explica hoy que, por su parte, el delito de “daño” (artículo 358 del Código Penal) se aplica a quien "destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble ajena", y que si bien se castiga con multa, las circunstancias agravantes del artículo 359 la convierten en una figura con pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría. Entre las agravantes se mencionan "si el delito se comete sobre establecimientos públicos o expuestos al público".

"Vamos a protestar tal cual hicimos cuando ocurrieron los hechos de la Ciudad Vieja", dijo a la publicación Irma Leites, que entiende que el fallo judicial es "una obediencia debida" del gobierno uruguayo al de Estados Unidos. La organización rechaza la "criminalización de la protesta" y entiende que la actuación de la Policía el viernes 9 de marzo, durante la marcha en contra de la presencia del presidente George W. Bush, significó "un retorno a las razzias", lo que, dijeron, "parecían haber quedado en el olvido".

Según el mussoliniano Código Penal uruguayo sancionado en 1934 durante la dictadura de Gabriel Terra: "cometen sedición, los que, sin desconocer el gobierno constituido, se alzan, públicamente y tumultuariamente para conseguir, por fuerza o violencia" distintos objetivos. En este caso, se trata de "ejercer actos de odio o venganza en la persona o los bienes de alguna autoridad o de sus agentes". El delito no es excarcelable y puede ser sancionado con de dos a seis años de penitenciaría.

Ese artículo siempre estuvo allí, pero en los 20 años de democracia patronal que se inauguraron el 1º de marzo de 1985, a ningún fiscal ni a ningún juez se le pasó por la cabeza aplicarlo en ningún caso. Y vaya si durante los gobiernos del Partido Colorado y el del Partido Nacional hubieron tumultos y violencia callejera... Curiosa, muy curiosamente, a los jueces y a los fiscales (estos últimos dependientes del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, no olvidar) les ha dado por volver a aplicar esa figura delictiva tan común durante la dictadura ahora que gobierna el Frente Amplio.

¿Que es lo que está pasando? ¿La judicatura está oficiando de Quinta Columna para complicarle la vida al gobierno progresista? ¿O es el gobierno progresista el que insta a la judicatura a penalizar la protesta? Yo estoy dispuesto a aceptar que si el acusado provocó los destrozos de los que se le acusa, reciba la sanción legal correspondiente. Pero no estoy dispuesto a aceptar de ninguna manera que se le juzgue por un delito ideológico, como se hacía en las aciagas épocas de la pre dictadura y la dictadura.